Joxemari AIERDI

Vicepresidente y Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Navarra

La #GestiónTransformadora constituye uno de los valores fundamentales en el modelo de gobierno que impulsa GEROA BAI; más allá de los «significantes vacíos» que campan en determinados discursos con alergia a la gestión, y más allá de modelos que orientan lo público a beneficios particulares. La ejecutoria pública de JM Aierdi en el municipalismo y el desarrollo territorial, tiene en la política de vivienda pública la mejor concreción de esta gestión transformadora

Las sucesivas olas de calor que estamos padeciendo acarrean diferentes consecuencias y entre ellas-ciertamente, de orden menor a otras más graves, es verdadlas opiniones que vierte el parlamentario conservador Juan Luis Sánchez de Muniáin, que en un artículo publicado en estas mismas páginas hace apenas quince días, a modo de espejismo en el desierto, nos alerta sobre la lamentable política de vivienda que practica este Gobierno y nos muestra su añoranza por las bondades de otras épocas.

Habla el parlamentario de Navarra Suma de retrasos en la ejecución de nuevas promociones públicas de vivienda. Se escuda en los problemas internos que está teniendo una única empresa adjudicataria y obvia las otras cinco obras del Plan de Vivienda -en Sarriguren, Estella, Tudela, Bera o Garralda- que están en marcha y a buen ritmo, hasta completar las más de 520 viviendas públicas de alquiler iniciadas en la pasada legislatura, que se duplicarán en una segunda fase, frente a las cero -subrayo cero- viviendas públicas de alquiler realizadas en la legislatura anterior de UPN.

Habla del censo de 13.000 demandantes de vivienda, obviando que su crecimiento ha sido paralelo al aumento de la oferta pública de alquiler en estos últimos años (cuando no había oferta, obviamente no se presentaban demandantes) y que el 61% de las personas de ese censo ya están, en realidad, residiendo en una vivienda de alquiler -incluso protegida o en las mismas promociones de Nasuvinsa-, aunque soliciten cambiar de vivienda por la razón que sea y, ciertamente, están en su derecho.

Habla del programa de la Bolsa de Alquiler que moviliza pisos en desuso de particulares frente al derecho a mantenerlos vacíos al que tanto se apela diciendo que «tan sólo ha podido reunir 830 viviendas»- en realidad, en estos momentos llegan casi a 900; pero obviando que estas viviendas no han parado de crecer desde las primeras medidas de incentivo que fueron activadas en 2016 a las que han seguido luego otras-, llegando hoy a suponer nada menos que el doble de las que se contaban entonces.

Y habla Sánchez de Muniáin de falta de vivienda para jóvenes de rentas medias, aunque obviamente no se lo ha preguntado a las 7.000 personas jóvenes que se han beneficiado hasta ahora de los mecanismos EmanZipa y David de ayudas al alquiler, desde su puesta en marcha en 2018, ni a las personas inquilinas de las reservas del 50% para jóvenes introducidas en nuevas promociones públicas, cuando ninguno de estos programas existía hace siete años. Y es que, entre 2011 2015, la promoción pública de alquiler desapareció. No era, al parecer, tan prioritario como alimentar el mercado inmobiliario de compraventa.

Por no hablar del desarrollo de Etxabakoitz -que el parlamentario mete de rondón en su artículo-, un PSIS que debemos ahora reorientar con nuevos principios urbanísticos para evitar el despropósito económico que suponía tal y como se diseñó y aprobó en 2010, aparte de que estaba hasta hora condicionado por determinados intereses privados y las decisiones de Madrid acerca del TAV.

Habla Sánchez de Muniáin, en definitiva, de espejismos estivales y de que cualquier tiempo pasado fue mejor, frente a realidades y prioridades actuales. En contraposición a su modelo, he de subrayar que este y el anterior Gobierno han partido de la concepción de la vivienda como un derecho y, por tanto, no podemos dejar que sean los promotores privados o el mercado por sí solo los que regulen el acceso a la vivienda.

La Ley Foral de Vivienda recién aprobada en el Parlamento en junio contra vientos de agentes privados o dudas de algunas formaciones es un buen ejemplo de ello. Esta ley contribuirá, sin duda, a recuperar el patrimonio público de vivienda. De las 58.000 viviendas protegidas que se han construido en Navarra durante las últimas décadas, apenas 20.000 mantienen hoy esa calificación, con precios tasados; el resto, han ido a engrosar el negocio del mercado libre. Una tendencia, alentada por un determinado modelo, que a todas luces era necesario invertir.

La política de vivienda es, posiblemente, uno de los mejores ejemplos del cambio de perspectiva que ha producido esta última década en la forma de concebir la sociedad y los espacios urbanos, la función social de la vivienda y formas alternativas de acceder a ella o el papel de los poderes públicos al servicio de un derecho. No se trata tanto de gestionar mejor o peor la política de vivienda, que también, sino de hacerlo de otra manera. Para rentas medias, como reclama Sánchez de Muniáin, pero también para todas las personas con derecho a la vivienda, con independencia de su poder adquisitivo.

 

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