mié. Ago 17th, 2022

Por Ana Ansa y Koldo Martínez, representantes de Zabaltzen en la Permanente de GEROA BAI

LA crisis que todo lo invade ha llegado también a la Sanidad. Las autoridades sanitarias, con una postura claramente ideológica surgida del dogma neoliberal y reproducida hasta la náusea en los medios de mayor difusión, llevaban tiempo preparando el ambiente para llevar a cabo sus intenciones. Así, nos han dicho que el sistema sanitario es insostenible y que el gasto en sanidad es desmesurado. El propio Álvaro Miranda, exconsejero de Economía y Hacienda de Navarra, afirmaba en una entrevista el 27 de mayo que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades.

En 2002, por ejemplo, el gasto sanitario público no farmacéutico per cápita en el Estado era del 60% del de los países europeos. Ese año ocupábamos un lugar privilegiado en el ranking de mortalidad precoz evitada gracias al buen hacer de los profesionales sanitarios (por delante de EEUU, Canadá, Nueva Zelanda y todos los países europeos incluidos en el estudio excepto Francia).

Dos años antes, ocupábamos el quinto mejor puesto mundial en esperanza de vida libre de incapacidad y estábamos en el séptimo puesto mundial en el ranking de la OMS de mejores sistemas sanitarios.

El gasto per cápita en protección social en España era en 2009 un 20% inferior al promedio de los 22 países europeos de la OCDE (incluidos países como Turquía o Méjico). Y la sanidad pública española sigue siendo la menos financiada de la Unión Europea de los 15 (UE-15). En 2008 -cuando se inició la crisis-, en España se gastaba solo un 6,5% del PIB, mientras que el promedio en la UE-15 era de un 7,3%. Estamos, pues, en cuanto a financiación, en un nivel intermedio entre los países de la OCDE en porcentaje en gasto público en salud y gasto sanitario per cápita. En la actualidad, con un 9,5% respecto al PIB y unos 1.600 euros de gasto sanitario público por persona y año.

Y, a pesar de estas cifras, nuestro Sistema Nacional de Salud (SNS) se basaba en el principio de que todas las personas tienen derecho a la atención a la salud, independientemente de su situación económica y laboral, esto es, en la salud como un derecho universal.

No podemos negar que hay bolsas de ineficiencia en el sistema. Y este es el primer e ineludible paso a dar: un diagnóstico de la situación que nos permita definir esas bolsas, determinar qué actuaciones suponen un gasto que no aporta nada en salud y en las que es posible ahorrar. La mayoría se suelen dar alrededor de los conciertos con la sanidad privada, el uso de tecnología inapropiada, la medicina defensiva por parte de los médicos, las duplicidades de servicios, la falta de tiempo en Atención Primaria, la medicalización excesiva, la distribución inadecuada de horarios y de personal, la descoordinación en la atención, la creciente privatización que hipoteca a las administraciones públicas durante periodos muy largos de tiempo con costes muy por encima de los del sistema público, y la falta de objetivos de salud de todo el sistema sanitario.

Ahí debemos incidir todos -las autoridades sanitarias las primeras-, ofreciendo los mismos resultados a menor coste: desfinanciando fármacos e intervenciones que no han demostrado su eficacia o no suponen una mejora sobre lo existente, utilizando las alternativas más eficientes, aplicando criterios científicos para la detección precoz de enfermedades, no permitiendo la utilización de nuevas tecnologías por el mero hecho de ser nuevas sin que hayan demostrado ser mejores, promoviendo la formación de los profesionales y la educación sanitaria de la población, etcétera.

Sí, hay muchas mejoras que se pueden -se deben- hacer dentro del propio sistema sanitario: reforzar la atención primaria; hacer claros y permeables la planificación y el gasto; contar con los profesionales y usuarios para racionalizar los servicios; redistribuir el trabajo; dar más autonomía a los centros y corresponsabilizarlos de la gestión; reorientar los propios servicios con más intervención comunitaria; educación para la salud; mejorar la gestión y la coordinación; fomentar el uso racional de las pruebas y de las terapias; controlar el gasto farmacéutico y la utilización de fármacos y nuevas tecnologías, etcétera.

No es casualidad que la Consejería de Salud esté en manos de una economista, ni que el último de los nombramientos, el consejero de Políticas Sociales, sea alguien que ha dedicado a Caja Navarra y a la Banca Cínica los últimos 25 años de su vida profesional.

Cuando el único factor determinante de las decisiones son las cuentas, y la economía el valor supremo al que hay que rendir adoración, se pueden cometer muchas injusticias. Para empezar, traspasan su responsabilidad por una mala gestión del déficit económico a la sociedad, y en especial a los usuarios y enfermos. Y hacen cuentas, sumas y restas de números, sin que nada distraiga la economía; las personas, la vida… se quedan fuera.

Nuestros gobernantes deciden que hay ciudadanos de primera, asegurados y beneficiarios, con derechos sanitarios, y ciudadanos de segunda, aquellos que no los tienen y se quedan fuera del sistema: mayores de 26 años sin cotización, inmigrantes sin papeles, etcétera.

Y con esta exclusión son unos pocos euros los que hipotéticamente se ahorran porque no se contempla el gasto que un deficiente control de salud pública puede generar a medio y largo plazo en toda la comunidad por el mal control de algunas enfermedades.

La reducción y/o eliminación de los programas de atención a crónicos, la no sustitución de las bajas con la sobrecarga laboral de los compañeros y compañeras que ello supone, y la disminución del tiempo real por paciente, el copago, ya sea farmacéutico o por consulta, son medidas que ya se han experimentado en otros países, y que como muestran diversos estudios científicos, dañan la salud, disminuyen la equidad, disminuyen la adherencia de los enfermos crónicos a los tratamientos, y además el ahorro inicial que se produce queda absolutamente anulado por los gastos posteriores en atención en urgencias y por complicaciones que surgen y que son evitables con un mejor control inicial. Otras medidas como la reorganización de las guardias rurales y la supresión de los autobuses para los tratamientos penalizan al mundo rural y aumentan la desigualdad.

Con la excusa del ahorro se han ido privatizando también diversos servicios como las cocinas, la lavandería y otros trabajos no directamente sanitarios. Se nos dice que la gestión privada es más eficaz que la pública. Pero el informe de la Oficina Nacional de Auditorías de Inglaterra sobre los hospitales públicos con gestión privada, de junio del 2010, reflejaba que un 33% de estos centros mostraba una ejecución insatisfactoria de las obras; los servicios de limpieza y lavandería, seguridad y catering no eran más eficientes que los de los hospitales públicos tradicionales y su mantenimiento era más caro.

Y mientras que las autoridades nos dicen que el sistema es insostenible, el Observatorio de la Sostenibilidad en España, en su informe de 2011 afirma sin ambages que la sostenibilidad del sistema sanitario público requiere de más ingresos y no más recortes.

La Sanidad pública no es uno de los factores que ha llevado a la crisis sino que, al revés, forma parte de la salida a la misma porque reduce desigualdades sociales y proporciona cohesión social y dirige la sociedad hacia la justicia porque, al mejorar el nivel de salud de la población, conduce al bienestar de la ciudadanía. No entenderlo así es fruto de una ceguera política interesada que impide ver que hay una relación directa entre salud, gasto sanitario público y crecimiento económico. No en balde Alemania y Francia son dos de los países cuyo gasto sanitario público ha sido durante los últimos 20 años no solo muy superior al promedio de grupos de países europeos, sino también muy superior al que les correspondería por riqueza.

Mientras que nos dicen que no hay dinero, desde el Gobierno central no se incide en recuperar el déficit generado por los 81.000 millones de evasión fiscal (de los cuales el 72% procede de grandes fortunas y de corporaciones) o de los 91.000 millones de déficit público, de los 26.000 millones de Defensa o de los miles de millones de rescate de Bankia o de los 750 millones de morosidad de los clubes de fútbol…

Pero, ¿hemos de quedarnos pasivos en Nafarroa, a ver qué hace Rajoy? Aquí tenemos competencias y, por tanto, responsabilidades. Y podemos hacerlo, además, definiendo las prioridades de gasto e inversión. Las áreas prioritarias de Geroa Bai son claras: Bienestar Social, Sanidad y Educación públicas, que son competencia exclusiva de Navarra, así como el apoyo a la inversión productiva para generar empleo.

¿Y de dónde obtenemos financiación? Aunque no sean exclusivas, tenemos suficientes competencias para un nuevo modelo tributario. Más eficaz en la lucha contra el fraude y más eficiente en la eliminación de la elusión privilegiada. Y, por supuesto, adaptado a la nueva situación social y económica que ha transformado al contribuyente; sea individual o empresarial. Una nueva sociedad requiere un nuevo modelo productivo, un nuevo modelo presupuestario y un nuevo modelo tributario.

Nos dicen los gobernantes que no nos podemos permitir este sistema. Nosotros afirmamos que lo que no nos podemos permitir es no permitírnoslo. ¿No lo piensan ustedes también así?

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