Foro Er@gin, integrado por Álvaro Baraibar, Fernando Mikelarena y Gregorio Monreal. Miembros de Zabaltzen

LA reciente modificación del artículo 135 de la Constitución no es el primer cambio introducido en la Carta Magna -en 1992 se recogió el derecho de los extranjeros al sufragio pasivo-, pero sí ha supuesto la primera reforma de calado. Buscando la estabilidad presupuestaria, la nueva redacción impone un déficit estructural máximo al Estado y a las CCAA en relación con su PIB, déficit que fijará una ley orgánica y que será inferior al que permite la Unión Europea a sus Estados miembros. Sólo en contados casos podrá superarse este límite: recesión económica, catástrofes naturales o situación de emergencia extraordinaria. La constitucionalización del principio de estabilidad presupuestaria dificulta en extremo las políticas de inspiración keynesiana.

Ha sido llamativa la tramitación por vía de urgencia y la aprobación aplicando el rodillo parlamentario de PSOE y PP. Y ha sido más chocante aún el apoyo del solitario voto del representante de UPN otorgado gratis et amore, sin una contraprestación obtenida en una negociación de una reforma a la que no había sido invitado; un respaldo incondicional a una resolución ajena, por la mera voluntad de regalar el oído de los dos partidos estatales, de los que elogió su “sentido de Estado”. Mientras tanto, el resto de partidos del arco parlamentario, ya fueran de izquierdas, regionalistas o nacionalistas, han mostrado su rechazo a la reforma por múltiples motivos: la ruptura del pacto constituyente, la expulsión del consenso de todas las formaciones políticas minoritarias, y, algo que toca a Navarra, la disminución de la capacidad financiera para fijar su déficit estructural.

La actitud de UPN, con la infundada suposición de que la reforma deja todo tal como está, constituye una dejación grave del deber de intervenir y de obtener una garantía de salvaguarda del Fuero. Resulta más chocante al tener en cuenta que, en el debate, la representante de NaBai, así como el Grupo Vasco, advirtieron que la reforma podría lesionar gravemente la capacidad financiera y fiscal de los territorios forales, riesgo que se podría haber remediado de tramitarse la reforma por un procedimiento participativo. En este sentido hubiera sido decisivo recabar la opinión de instituciones y organismos encargados legalmente de emitir dictámenes y opiniones, desde el Consejo Económico y Social hasta las Comisiones Mixtas del Convenio y del Concierto Económico, pasando por el Consejo de Política Fiscal y Financiera o la FEMP. Alegar, para inhibirse, la superior cualificación jurídica del Convenio sobre los Conciertos no exime de la obligación de protegerlo, sino más bien al contrario. La longa manus de una Hacienda central en apuros quizás no haga esos distingos.

Al secundar UPN la iniciativa pactada a puerta cerrada por PSOE y PP, está poniendo de manifiesto que para los regionalistas la planificación de la actividad económica y el fomento del desarrollo económico de Navarra han de quedar supeditados a los criterios dictados desde Madrid, pese a que nuestra comunidad posee instrumentos fiscales e institucionales para modular su desarrollo en función de sus propias necesidades. Una vez más, ahora en ocasión de mayor trascendencia, ha quedado en evidencia el carácter meramente retórico del foralismo de UPN. Resulta incomprensible no haber estado al quite cuando se embestía un elemento de autogobierno tan preciado, íntimamente conectado con nuestra autonomía fiscal y tributaria. En tema de Fueros, como en otras materias, obras son amores y no buenas razones.

Lo ocurrido en el Congreso de Madrid no es un mero episodio; es la expresión de una forma de entender y gestionar, por parte del regionalismo navarro, el marco propio que ofrece el Convenio Económico. Los expertos han destacado reiteradamente la tendencia de los gobernantes navarros a desaprovechar las posibilidades del Convenio en cuanto a creatividad tributaria, a diferencia de lo que ha sucedido en los tres territorios históricos de la CAV, donde se ha intentado al menos explorar la potencialidad impositiva del Concierto Económico. Señalan los especialistas en Derecho tributario el mimetismo de los responsables de la Hacienda Navarra al trasladar a nuestro sistema fiscal las modificaciones de los territorios de régimen común. Véase lo ocurrido en la esfera del IRPF a partir de mediados de los años 90.

La actitud de dejación de UPN cuenta con un aval o como quiera llamársele. Nos referimos a la indulgencia, explicable en última instancia en motivos de naturaleza política, con que el Estado y las comunidades autónomas limítrofes contemplan las normas tributarias navarras. En textos fiscales materialmente idénticos en su contenido, el Estado y las comunidades autónomas adyacentes han actuado de manera muy diferente si eran adoptados por los territorios de la CAV o por Navarra. Mientras un gran número de normas de aquéllos han sido recurridas, sólo excepcionalmente han cuestionado las de Navarra. Este comportamiento diverso se justifica en la diferente naturaleza jurídica de unas y de otras, que permite que aquéllas sean recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa mientras que las navarras, de calidad parlamentaria, requieren recurrir al Tribunal Constitucional. Obviamente, hay que acudir a la motivación extrajurídica.

De cualquier forma, nos atrevemos a sostener que UPN quizá hace un mal cálculo al suponer que la indulgencia externa será indefinida e incondicionada. En el pasado sobran los ejemplos respecto del comportamiento del Estado en cuanto a la contribución navarra en tiempos de vacas flacas. La coyuntura del erario público en las CCAA de régimen común y en la Hacienda estatal puede llevarles, a corto plazo, a dirigir su mirada hacia la Caja de las Haciendas forales o hacia la normativa fiscal navarra. La protección del régimen foral con motivo de esta reforma era por ello -incluso por una razón coyuntural- una cuestión de mucho relieve, y quizás la dejación tenga un costo mayor del deseable. La embriaguez de la gloria mediática de un día que ha traído a UPN su vapuleo a las minorías y su defensa en solitario del acuerdo PSOE-PP, debe acompañarse de la constatación de que el partido regionalista no estaba donde le tocaba estar y erró el tiro. Navarra se jugaba -se juega- mucho.

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