[typography font=»Lobster Two» size=»26″ size_format=»px» color=»##121012″]Reokupemos la cordura ocupando la «centralidad».[/typography]

 

[box type=»alert» size=»large» style=»rounded»]La Europa postcrisis y la gran caída de las clases medias van dejando una sociedad fragmentada que ha ido abriendo y dejando sitio a nuevas maneras de mirar a la realidad. Las consecuencias socioelectorales han sido durísimas para la mayoría de grandes partidos, nos ofrecen realidades institucionales mucho más plurales, y requieren de nuevos esfuerzos para buscar «lugares de encuentro entre diferentes y convivir con los desacuerdos».

En este marco, en el Estado Español se ha conformado por primera vez un gobierno llamado «frankenstein» sin más acuerdo que el de una moción de censura y sin pactar desacuerdos. Sin embargo en Navarra fuimos pioneros para articular a una mayoría parlamentaria progresista sobre la base de un Acuerdo Programático para formar un gobierno coherente y sólido, siendo conscientes además de que deberíamos ser capaces de resolver también los Desacuerdos que de manera natural iban a surgir.  

El Gobierno del Cambio logró ilusionar a generaciones que no veían salida a decenios de exclusión bajo la «razón de Estado». La Navarra «comodiosmanda» que heredó este gobierno en 2015 venía con un endeudamiento sideral, un déficit insuperable y una tesorería prácticamente a cero; algo que no estaba en el imaginario de la mayoría social navarra. Además las élites políticas y mediáticas que habían pastado décadas en este «corralito foral» agitaban el espantajo del Apocalipsis económico y foral del «que vienen los vascos». Difícil papeleta para cualquier gobierno que apostara a la vez por mayor inversión social y desarrollo económico. 

2018 se iniciaba con una evidente reversión de lo heredado: mejora de condiciones del endeudamiento, tesorería creciente y superávit en las cuentas por primera vez en muchos años. Y todo ello con una brillante negociación del Convenio Económico con el Estado, auténtico motor de nuestro fuero, que ponía en su sitio a los apóstoles del apocalipsis  y a sus negociaciones anteriores. La manera de gobernar la puso su Lehendakari poniendo apellidos: «El Cambio tranquilo, posible e integrador»; sin exclusiones, para todas y todos los navarros.

Con este bagaje llegamos al verano de 2018. El Cuatripartito ha vivido lógicos y hasta tensos Desacuerdos que estaban previstos y aceptados como tales (p.e. sobre el TAP) que se viven a través del debate leal entre socios; se resuelvan o no esos desacuerdos ¡Esta es la realidad que la nueva sociedad europea, española o navarra tiene que aprender a tratar y resolver! Acuerdos entre diferentes y Desacuerdos que se resuelven -o no- a través del debate leal.  Las 4  fuerzas que firmamos el Acuerdo Programático somos conscientes de esa «nueva manera de mirar la realidad» que se va abriendo paso en Europa. El voluntariado, el asosacionismo, colectivos plurales en defensa de problemáticas concretas y diversas han ido ocupando por derecho propio la agenda social y las relaciones entre las personas. Formas de asociarse que necesitan y piden cogestionar y autogestionar espacios públicos (muchas veces espacios sin uso actual). Y el Acuerdo Programático, el Gobierno de Navarra y la mayoría progresista de los Ayuntamientos del Cambio así lo han entendido y asumido. Para todos los colectivos (sin privilegios ideológicos), de manera abierta, transparente y pautada.

Pero este verano a alguien se le ha ido la mano o la pinza, y la «lealtad» no ha sido siempre el motor del debate sobre un tema claramente menor: La okupación de Rozalejo. De ser un asunto local ha pasado a primera línea cuando las élites político-mediáticas han olido el «botín político» para erosionar a este Gobierno del Cambio. Efectivamente la Derecha, en su cruzada por recuperar su «Navarra comodiosmanda» proclamaba – con la convicción posesa de quien se cree sus propias mentiras – que “el Gobierno se rinde a la presión de Bildu, que tolera la reokupación y que renuncia al desalojo”.  Todo ello con la colaboración de irresponsables que jalean a jóvenes y menores cuando reokupan Rozalejo (hablamos de algo más grave que la mera okupación), combinado con declaraciones no menos irresponsables de alguna autoridad , así como de algunas actitudes tan «guays» como desafortunadas como afirma un conocido analista político. Y como guinda a este amargo pastel tenemos a otro que se suma a la moda de «algunos jueces que meten opinión no jurídica en actos judiciales».

No podemos extrañarnos de que el Corralito Foral aproveche cualquier ocasión para recuperar aquello que cree que le pertenece, pero aquellos navarros y navarras que depositaron su confianza en la actual mayoría no se merecen esta manera de resolver Diferencias y erosionar algo que tantísimos esfuerzos está costando afianzar. Al Cuatripartito nos toca hacer pedagogía social sobre la convivencia de «Acuerdos y Desacuerdos entre diferentes que son capaces de pactar y gobernar». 

Ganar y afianzar la mayoría social es «okupar la centralidad sociológica» a la hora de enfocar la política, la gestión de gobierno y el debate público. Por eso quienes nos ilusionamos con el Gobierno del Cambio debemos «Reokupar la cordura» para pasar la página de Rozalejo de manera satisfactoria. Un deseo transversal a quienes confiaron en 2015…y posiblemente a una parte importante de navarros y navarras que no habían llegado a confiar.

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[typography font=»Lobster» size=»24″ size_format=»px» color=»#121012″]Koldo Martínez, Virginia Alemán, Patxi Leuza, Joseba Orduña, Iosu Janices, Ana Ansa[/typography]

[typography font=»Lato» size=»20″ size_format=»px» color=»#bd370f»]miembros de Zabaltzen, Asociación política integrada en Geroa Bai[/typography]

 

 

Situemos el reloj en el viernes, 17 de agosto, a mediodía. El Palacio de Rozalejo, bien público, ha sido recuperado por el Gobierno, encargado de velar por su futuro. Se ha hecho tras una labor policial encomiable, diferente a otras de años atrás, sin detenidos y sin heridos entre los jóvenes y menores que lo ocupaban ilegalmente, y con 6 heridos leves entre los “menos jóvenes” que les “apoyaban” desde la calle.

En ese momento, el Gobierno ha cumplido con sus obligaciones. Con todas: con las adquiridas con la sociedad navarra, con las adquiridas en el Acuerdo Programático que permitió crearlo, y con las marcadas por la ley.

Respecto a la sociedad navarra, tal y como reclamaba una inmensa mayoría social, se ha recuperado un patrimonio público, que nadie tiene derecho a okupar por la fuerza y privatizar su uso para una minoría.

Respecto al cumplimiento con lo previsto en el Acuerdo Programático que hizo posible este Gobierno, se habían abierto con los okupas los “cauces de diálogo y participación desde la visión de la cogestión y/o autogestión de espacios públicos para la sociedad civil en general y para las asociaciones juveniles en particular; siempre garantizando un uso público, plural, para toda la ciudadanía, y la igualdad de oportunidades, porque todas las asociaciones tienen los mismos derechos”.
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Y todo lo anterior se ha hecho cumpliendo escrupulosamente el marco jurídico- legal. Efectivamente, y tras la ocupación de Rozalejo, en septiembre de 2017, el Gobierno presentó la pertinente denuncia por ocupación; y el Juez – dos meses más tarde – acordó derivar la causa a un “Proceso de Mediación Penal”, que concluyó sin éxito en mayo de 2018. Durante y después de este proceso legal, el Gobierno ha intentado dar cauce al diálogo. La respuesta de los okupas, en público y en privado, era que habían decidido “quedarse en el local porque ya forman parte del barrio, y defendiéndose con uñas y dientes”.
Ante semejante privatización forzada de un bien público, ¿cabía otra salida que la de cumplir con la obligada recuperación de Rozalejo para el uso de todos y todas?
Así pues, terminada la mediación penal, pero sin abandonar la vía del diálogo (como ha sido público y notorio), el Gobierno interpone en julio la denuncia de desalojo. Y el juez pone fecha al desalojo: 17 de Agosto. La Policía procede de una manera ordenada y reconocida por la mayoría social navarra; por quienes no hubieran iniciado el diálogo, por quienes siempre quisimos el diálogo, y por quienes -aun viendo desaconsejarle el desalojo- respiraron tranquila por el modelo de seguridad empleado.
La Policía precinta los locales okupados con los medios posibles de tapiado y protección del inmueble. Los medios “posibles”, sí; puesto que el Palacio de Rozalejo, por su configuración urbanística y arquitectónica, presenta grandes dificultades para un sellado hermético. Y así llegamos al momento en el que habíamos puesto nuestro reloj: 17 de agosto, mediodía. Así se cerraba un capítulo, de una manera satisfactoria para la inmensa mayoría social.
Pero avanzan las horas; y ese mismo viernes, por la tarde, se produce una “Reokupación” que aprovechan diferentes agentes que han olido “el botín político”. No han faltado «los de siempre», que han aplaudido a la Policía Foral por el Desalojo y condenado al Gobierno por un mal precintado ¡Pues no, señoras y señores. No soplen y sorban al mismo tiempo.; es el mismo Gobierno y la misma Policía Foral quien hizo el Desalojo y el Precintado!
Entre estos diferentes agentes encontramos de todo. Por una parte quienes inducían a jóvenes y menores a cometer un delito; a los que irresponsablemente jaleaban a los anteriores; a quienes trataban de aprovechar la cuestión contra el Gobierno del Cambio; y a un actor determinante del que después hablaremos.
La Derecha, en su cruzada contra este gobierno, proclamaba – con la convicción posesa de quien se cree sus propias mentiras – que “el Gobierno se rinde a la presión de Bildu, que tolera la reokupación y que renuncia al desalojo”. Encontraban un aliado en las lamentables expresiones del alcalde Joseba Asirón, cuya rueda de prensa se reflejaba con el titular “celebra la suspensión del desalojo”, y el subtítulo “el Gobierno rectifica”. Unos y otros – aprobetxategis e irresponsables- estaban, sabiéndolo o no, alimentando la supuesta épica del grupo de asaltantes protagonistas de la reokupacion.
Entre los irresponsables, vimos por desgracia a cargos públicos que deberían haber medido más sus palabras y acciones. Por fortuna, hubo también representantes públicos con mesura, como Edurne Egino y Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, firmando un artículo en el que decían – por ejemplo – que
“el acuerdo a alcanzar con la parte okupante debe basarse en la corresponsabilidad y que de ninguna manera las okupaciones de este tipo de locales pueden significar.
El uso y disfrute de un edificio público debe conllevar fundamentalmente una gestión plural del mismo, sin restricciones a nada ni a nadie, dentro de los límites del respeto mutuo y a los valores democráticos y DDHH”. Tampoco podemos estar más de acuerdo con ellas cuando afirman que “no puede ser que la ocupación de estos locales pueda conllevar la realización de obras sin autorización municipal como ya ocurrió en el chalet de Caparroso y que derivó en el precintado por parte de EH Bildu de dicho espacio. No puede ser que no se cumplan las normativas de aforos y seguridad obligatorias para locales de pública concurrencia. No puede ser que en estos locales se cuelguen fotos de presos de ETA porque como reconoció en su día Joxe Abaurrea, concejal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Iruña <>”.
Lo suscribimos plenamente, y creemos que esta visión del Acuerdo Programático en este asunto es además coincidente con la inmensa mayoría social navarra.
Y también debemos destacar la «dialéctica» llamada de atención de Folren Aoiz:
El cambio navarro no es la revolución, cero, pero reventarlo para volver a zonas de confort y pureza «revolucionaria» no sería un avance, sino un trágico retroceso. Hay otras opciones (…) pero para eso hay que mancharse en el barro, claro, y hay quien prefiere ir de guay
Pero el actor determinante en ese tablero de la reokupación, que politizó la cuestión extralimitándose de sus funciones, fue el propio Juez. Un juez que recibe los informes de la Policía que recomiendan no intervenir ese fin de semana por un problema estricto de seguridad ciudadana; y que recibe del Gobierno la petición, basada en esos mismos informes, de que se aplace la recuperación del inmueble (es decir, un nuevo desalojo). Pero el juez, ante esa petición de aplazamiento, de suspensión temporal… decide archivar las causas.
La decisión jurídica debe ser contestada por lo jurídico: el recurso del Gobierno. Pero, ya que el juez ha decidido “entrar en política” con los juicios de valor incluidos en su auto, es necesario contestarle desde lo político y como ciudadanía. Porque resulta que
el mismo juez que derivó la primera denuncia de ocupación hacia una mediación con los okupas; el mismo juez que recibió la denuncia de desalojo una vez terminada la Mediación por él decretada… ese mismo juez es el que introduce una “valoración global de la conducta del Gobierno”, acusándole de “una sobrevenida tolerancia expresa” con la okupación, y remata con que “los hechos (la okupación) no puedan considerarse constitutivos de delito”.
Desconocemos la intención última del juez en su “valoración de la conducta global” (sic) del Gobierno; pero, con ella, ha desencantado a esa mayoría social que veía las cosas resueltas el viernes 17 a mediodía; y, en cambio, ha espoleado a quienes buscaban botín político después de la reokupación, tanto a la derecha como a los (re)okupas y sus jaleadores.
Ese “botín político” que pretendieron sacar algunos tiene consecuencias tendentes a erosionar a una pionera manera de conformar un Gobierno, y a una manera distinta de gobernar en una Navarra tan plural y diversa como la nuestra. Unas maneras marcadas por el Acuerdo Programático y por el natural derecho al “desacuerdo” entre socios distintos, que se encauza a través del debate leal. Por eso, al igual que la sociedad nos examina cada día, cada uno de los socios del Acuerdo Programático debemos autoexaminarnos sobre nuestras actuaciones en Rozalejo. Con autocrítica, pero también con voluntad de aprendizaje: porque el futuro puede colocarnos a todos en situaciones similares.
Porque hay una pregunta latente en la sociedad dirigida a las personas, partidos y organizaciones políticas y sociales que apoyan la Reokupación: ¿tolerarían y jalearían que en Navarra, como en Madrid, haya organizaciones (por ejemplo ultraderechistas) que, bajo intenciones humanitarias, okupen edificios de uso público?
En Geroa Bai, ante cualquier ocupación o reocupación, lo tenemos muy claro: ”defender los bienes públicos con decisión pero sin buscar el refugio de la tensión. Vocación de diálogo y defensa firme de los bienes públicos, del patrimonio de todas y todos, para toda la ciudadanía. Ese es nuestro estandarte”.
Así lo expresaba la presidenta Uxue Barkos, y así lo tomamos como propio. Antes y después del 17 de Agosto.

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