[typography font=»Lobster» size=»24″ size_format=»px» color=»#bd370f»]Uxue Barkos, Nafarroako Lehendakaria[/typography]

 

La acción de unos y la desafección de otros han hecho de Rozalejo un símbolo de la acción política por la juventud, por sus necesidades y en general por la convivencia en Pamplona y por extensión en toda Navarra.

El Palacio de Rozalejo ha sido durante los últimos 20 años uno de los escenarios que ha simbolizado la tensión lógica entre los poderes públicos y todos aquellos movimientos sociales que han batallado por la búsqueda de un aprovechamiento real a todos aquellos espacios que detrás de sus paredes han venido albergando tan solo el vacío.

Y en este sentido he de decir que comparto rotundamente que uno de los rasgos esenciales de la acción política democrática del siglo XXI es la participación ciudadana;y comparto por tanto que todos los movimientos ciudadanos, asociativos, federativos y participativos han de encontrar en las diferentes instancias administrativas competentes, respuesta a su demanda. Respuesta a la demanda joven de espacios autogestionados, por supuesto, pero no solo: espacio para el asociacionismo social, para el solidario, para el centrado en carencias derivadas de enfermedades raras, enfermedades nuevas o el asociacionismo que trabaja por combatir la pobreza. Y no solo: debemos procurar espacio a federaciones deportivas, a asociaciones culturales o vecinales. Por supuesto que a entidades juveniles, pero ni más ni menos que a las de la tercera edad. Y a ello estamos obligadas todas las administraciones, foral y local, cada una de ellas en un escrupuloso respeto a las competencias propias, en escrupuloso respeto a las necesidades de todas y cada una de las demandas ciudadanas, en respeto escrupuloso a la igualdad de oportunidades para cada una de esas demandas y en observancia escrupulosa también de las condiciones de seguridad y de las posibilidades económicas para atender esta necesidad.

Todo este cruce de necesidades legítimas pero no necesariamente alineadas imponen un método de trabajo que empieza por el diálogo. Y a lo largo de estos tres años de Gobierno y Ayuntamientos del cambio hemos demostrado con hechos ciertos que el método funciona.

Pero en el caso de Rozalejo, ¿ha sido exactamente así?

Quiero empezar por recordar que, adquirido por el Gobierno foral en los inicios del año 2005 -en aquel momento con la vocación declarada de albergar un centro de estudios de hostelería-, fue ocupado solo unos meses después. Lo cierto es que la operación anunciada por Gobierno, Ayuntamiento y Camara de Comercio obtuvo desde el primer momento el mismo grado de confianza que de cumplimiento final: la sede del citado centro jamás llegó a instalarse. Pero lo cierto es que tampoco la ocupación pasó de ser simbólica.

No sé si puede calificarse de simbólica la segunda ocupación, pero desde luego sí se puede afirmar y con contundencia que se produjo en fechas más que simbólicas. La primavera del año 2007 se presentaba ante la sociedad navarra como un más que posible punto de inflexión en la política foral desde el 78. Las posibilidades de cambio se hacían patentes a la sociedad, y especialmente a una derecha instalada en el poder navarro durante lustros de la mano de UPN y con el apoyo fundamental de los socialistas del PSN. A mediados del mes de mayo comenzó una campaña intensa, en la que UPN ponía sobre el tablero además el reto de iniciar la carrera por el relevo en la presidencia del Gobierno de Navarra. Elecciones peligrosas por lo tanto para Miguel Sanz, en la que iba a ser su última legislatura, y también para quien se perfilaba como su claro relevo;en su última campaña al Ayuntamiento de Pamplona, Yolanda Barcina se enfrentaba a la convocatoria más inestable precisamente cuando más necesitaba la seguridad electoral.

Pues bien, fue en este panorama político cuando en el ecuador exacto de la campaña electoral se ocupaba por segunda vez el Palacio de Rozalejo, que fue desalojado en operación conjunta por Policía Foral y la Policía Municipal dirigida por Simón Santamaría. Una operación que tras momentos de tensión se saldó con la detención de 45 jóvenes, puestos en libertad pocas horas después prácticamente la totalidad de ellos…

Desde aquel 2007 hasta nuestra llegada al Gobierno, Rozalejo ha continuado vacío. Sin embargo, no ha sido hasta 2017 cuando se ha decidido ocuparlo.

Ocuparlo y por lo tanto hacerlo sin diálogo previo: sin comunicación con el Gobierno que es su propietario en representación de la sociedad navarra;sin atender a las condiciones de seguridad a la hora de acometer obras no supervisadas;sin asumir responsabilidad ninguna en la gestión de un bien público con valor histórico y cultural;y, a mi modo de entender la peor de las negativas al diálogo, sin preguntar a quien corresponde si este espacio tiene un proyecto social. Que lo tiene. Tres años de Gobierno del cambio han servido en primer lugar para determinar el coste de las obras de acondicionamiento del edificio;6 millones de euros aproximadamente que en una agenda priorizada por la reversión de los recortes en el Estado de Bienestar no ha permitido hasta el momento llevar a cabo. Y por supuesto el contenido cívico y social con el que dotar de vida el vacío de Rozalejo. Y en este punto puedo decir con satisfacción que el equipo de Gobierno ha debatido en profundidad y múltiples ocasiones un uso encaminado al servicio público y al interés general. Hoy, el proyecto que toma protagonismo con mayor fuerza es el del ya anunciado Instituto de la Memoria Histórica, con vocación de hacer de Rozalejo un símbolo de la paz y la convivencia. Y frente a ello, una acción unilateral y no dialogante no le puede negar, no le va a negar una posibilidad cierta de ubicación.

Ocuparlo lamentablemente cuando el diálogo esta vez sí es posible.

Y lo es, tanto como la vocación y la voluntad del Gobierno que presido de defender los bienes públicos con decisión pero sin buscar el refugio de la tensión: el refugio que se buscó en etapas pasadas y que hoy en el exterior de Rozalejo vamos a evitar de forma decidida. Para ello actuaremos en consecuencia.

Vocación de diálogo y defensa firme de los bienes públicos, del patrimonio de todas y todos, para toda la ciudadanía. Ese es nuestro estandarte.

Lo demás, una excusa contra el Gobierno del cambio.

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