Por Uxue Barkos, diputada de Geroa Bai

En las Jornadas sobre el Convenio Económico que tuvieron lugar hace unos meses en el Parlamento de Navarra se destacó que las negociaciones entre la Administración del Estado y la de Navarra se asienten en el trabajo del binomio político-técnico, de modo que para lograr el éxito es necesario que ambas partes caminen juntas y coordinadas. De no ser así, se producen situaciones que perjudican el ámbito competencial foral como el reciente caso de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y nula la Ley Foral del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica.

Como acredita la numerosa documentación parlamentaria de 2012, tras haber sido analizados y valorados los pros y contras de una posible regulación foral del entonces recién creado Impuesto estatal sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, la Cámara navarra aprobó por unanimidad la Ley Foral 24/2012.

El otoño de 2013 vino acompañado por la desleal presentación del recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central.

En diciembre de 2013 la consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo detalló en una comparecencia la sucesión de actuaciones que a lo largo de dicho periodo distintas instancias del Gobierno de Navarra llevaron a cabo para la defensa de la competencia tributaria de Navarra. No incluyó las gestiones políticas encaminadas al mismo fin por la sencilla razón de que no existieron.

Por ello tampoco han sido señaladas en la comparecencia parlamentaria de la presidenta del Gobierno de Navarra del día 31 de julio de 2014, que se ha limitado a repetir las actuaciones técnicas en la materia.

Si algo se puede afirmar respecto de la sentencia que tan duros artículos periodísticos ha concitado en la filas de UPN es que era evitable. Al menos se pueden señalar dos modos de eludir el pronunciamiento del TC: UNA, exigiendo a Mariano Rajoy que no interpusiera el recurso, ya que, como acredita la legislación, es una prerrogativa del Presidente del Gobierno. DOS, acelerando la negociación de los nuevos y recientes impuestos en el marco del Convenio Económico para que no hubiera ninguna duda sobre la competencia de la Comunidad Foral de Navarra en la regulación del recurrido (especialmente significativo para nuestra región por el impulso y presencia de las energías renovables) y en la capacidad para exaccionarlo, en definitiva, para recaudarlo.

La responsabilidad de que esto no se haya hecho es exclusivamente política y de poco sirve lamentarse de las consecuencias que implica para nuestro autogobierno. De entre estas, se han destacado por algunos comentaristas las que afectan a la capacidad normativa de Navarra porque, al declarar el Tribunal Constitucional la aplicación de la LOFCA, limita nuestra potestad tributaria originaria y nos rebaja al nivel de las comunidades autónomas de régimen común. No resaltan estos autores que la sentencia 110/2014 atribuye un arma poderosísima al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas desequilibrando la balanza negociadora a su favor. Se lee entre líneas esta preocupación porque hasta el mismísimo profesor Simón Acosta recomienda a sus compañeros en el Gobierno de Navarra “un pacto inteligente e imaginativo” con el Estado para restituir la situación.

Olvidan mencionar otros importantes efectos de la sentencia: su trascendencia para las situaciones individuales de ciudadanos y empresas navarras y para el presupuesto de la Comunidad Foral.

Uxue carnetPor lo que se refiere a las primeras, la nulidad del Impuesto extiende sus efectos a todas las “situaciones susceptibles de ser revisadas que no hayan adquirido firmeza”, por lo que, dado que la entrada en vigor del Impuesto fue el 1 de enero de 2013, se ven afectados no solo los contribuyentes que vinieran aplicando al exención navarra, sino todos los declarantes que hayan pagado el impuesto en Navarra. Introduce una inmerecida incertidumbre jurídica para un colectivo significativo de ciudadanos y empresas (casi 9.000) que, de momento, no han recibido asesoramiento o consejo sobre cómo proceder.

¿Es de aplicación ahora la norma estatal? ¿Hay que declarar a la AEAT? ¿Se les va a devolver el importe pagado? ¿Hay que regularizar la situación desde el 2013 o de ahora en adelante?

En cuanto a los efectos presupuestarios, la resolución judicial impide que Navarra pueda recaudar el Impuesto por lo que las estimaciones de ingresos realizadas a finales de 2013 no se van a cumplir. Este aspecto tan sensible y que se une a otras cuestiones ya conocidas (devolución del céntimo sanitario, devoluciones de IVA…) no ha sido detallado por la presidenta. ¿A cuánto asciende esta merma recaudatoria por su negligencia política? Tampoco ha explicado qué ocurre con los 23 millones de euros recaudados el año anterior ni cómo afecta al cumplimiento del objetivo de déficit. Se limita a rogar que la mejora de la economía reporte ingresos fiscales suficientes. Visto que la merma de ingresos crece a pasos agigantados será difícil que su plegaria se vea satisfecha.

En definitiva, un panorama descorazonador debido a la imprevisión y desidia del Gobierno que únicamente se han movido en el plano político una vez conocida la sentencia corriendo a escenificar una reunión de urgencia con el ministro Montoro, en lugar de haberlo hecho con Rajoy y ante la gravedad de la situación y emplazando ahora a los técnicos a lograr un acuerdo para el otoño.

Estaremos atentos a los acontecimientos. De momento, el Parlamento de Navarra hace meses que instó la constitución de la Comisión Negociadora del Convenio Económico. Se percibe claramente su verdadera disposición al pacto con todas las fuerzas políticas porque este requerimiento todavía espera repuesta.

La presidenta Barcina compareció en el Parlamento de Navarra el pasado 31 de julio a petición de Geroa Bai para explicar sus gestiones entorno a la defensa del autogobierno de Navarra y de su Convenio Económico ante la reciente sentencia del TC sobre la inconstitucionalidad y nulidad de la Ley Foral reguladora del Impuesto sobre el valor de la Producción de la Energía Eléctrica.

Por la tarde de ese mismo día, con una sospechosa coincidencia temporal y más en estas fechas en las que los miembros del Ministerio tienen hechas las maletas para disfrutar de las vacaciones, se tuvo conocimiento de que la consejera Goicoechea encabezaba la representación navarra de la reunión de la Comisión Coordinadora en la que se acordaron tres asuntos: la prórroga del Acuerdo de mayo de 2012 sobre el cambio de comercialización de vehículos de VW para los años 2015 y siguientes, la concreción de la presencia de Navarra en las reuniones del Ecofin y la coordinación y colaboración en el ámbito de la estabilidad presupuestaria.

Estos dos últimos temas son asuntos menores, de relleno si tenemos en cuenta que ambos están regulados en leyes que, o bien garantizan la participación de Navarra en el grupo de trabajo europeo, o bien obligan a cumplir la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.

Sin embargo, la prórroga del acuerdo relativo al cambio de comercialización de vehículos de VW tiene otro calado y otro significado porque da la casualidad de que, a través de las páginas delDiario de Navarra en su edición del sábado 2 de agosto de 2014, hemos tenido conocimiento de la resolución de la Junta Arbitral de Navarra por la que se inadmite la reclamación formulada por la AEAT contra Navarra por 1.513 millones de euros del IVA de VW al considerar que no es el órgano competente para dirimir la cuestión planteada.

 

Conviene retrotraerse a mayo de 2012 para analizar debidamente este asunto. Si recuerdan en aquellas fechas a través del entonces consejero de Economía y Hacienda, los grupos parlamentarios y los ciudadanos navarros tuvimos información sobre la problemática que se había suscitado por las actas de inspección levantadas por la AEAT a una empresa del grupo VW, la decisión empresarial de cambiar el sistema de comercialización y lo acordado en el seno de la Comisión Coordinadora para asegurar el equilibrio financiero entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. Estos acuerdos fueron dos: en el primero, para los años 2012, 2013 y 2014 se pactaba que Navarra asumiría un coste de 25 millones de euros por año por el IVA que se dejaría de recaudar; el segundo, para las actas de inspección reclamadas de los años 2007 a 2011, ambas Administraciones negociaban el sometimiento de la cuestión ante la Junta Arbitral de Navarra y a tratar y ejecutar la resolución que ésta en su momento dictara en el seno de la Comisión Coordinadora.

No menciona el Diario de Navarra un dato sumamente relevante para entender el acuerdo de 31 de julio de 2014: la fecha de la resolución de la Junta Arbitral es de comienzos de junio de 2014. 

Veamos: la Junta Arbitral ha dicho que se considera incompetente para resolver la cuestión que se le plantea. ¿Es esta resolución buena para la Comunidad Foral? Por el silencio del Gobierno de Navarra que lleva dos meses ocultando esta información habría que pensar que no, que no es buena, salvo en un supuesto: en el caso de que el Estado no la recurra al Tribunal Supremo y se pueda encontrar, como se pactó, una solución adecuada en el marco de la Comisión Coordinadora. Y ¿cuándo finaliza el plazo para interponer el recurso ante el Tribunal Supremo? A los dos meses de notificada la resolución, esto es, a comienzos de agosto.

Por tanto, hay que concluir que el Gobierno de Navarra ha perdido de nuevo la ocasión de defender el autogobierno de la Comunidad Foral. El 31 de julio de 2014 se ha prorrogado únicamente el acuerdo por el que Navarra asume una parte del impacto económico del cambio de comercialización, pero no se ha sido capaz de exigir el cumplimiento del apartado referido a las actas de inspección y dar solución al grave riesgo para el presupuesto de la Comunidad al seguir pendiente la reclamación supermillonaria.

Siendo esto gravísimo, no es en mi opinión lo peor. La presidenta compareció ese mismo día en el Parlamento de Navarra y nada dijo sobre esta cuestión. La ocultó deliberadamente. Es comprensible su preocupación tras dos noticias pésimas para su gestión en un breve lapso de tiempo: a comienzos de junio la resolución de la Junta Arbitral sobre las actas de VW y a finales de mes la sentencia del TC sobre el Impuesto sobre el valor de la Producción de la Energía Eléctrica. Por ello, no es comprensible el llamamiento a la unidad de las fuerzas políticas de Navarra en defensa del Convenio Económico cuando simultáneamente se encubre información trascendental y se aparente ante los ciudadanos haber conseguido un buen acuerdo cuando la verdad demuestra lo contrario.

Coincidir en el defensa del Convenio no significa apoyar ni compartir la desafortunada misión que el Gobierno está llevando a cabo en un tema de suma trascendencia para la Comunidad Foral.

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