Alvaro Baraibar, miembro de Zabaltzen (asociación integrada en Geroa Bai)

Nuestro compañero nos propone una reflexión sobre la necesidad de la visión política que debería ser transversal a toda la sociedad, y especialmente al conjunto de las fuerzas progresistas.

Barcina esperando una Ley Rajoy de obligado cumplimiento
Barcina esperando una Ley Rajoy de obligado cumplimiento

Al vaciar de contenido la política y centrar toda la atención sobre la gestión, al contraponer falsamente austeridad, eficacia y eficiencia frente a pluralidad, debate y derroche, el PP cae en su propia trampa porque pone en duda la razón de ser de su propio gobierno

 

La situación en Navarra no es muy diferente. El Gobierno de UPN-PSN primero y el de UPN en solitario después, lejos de marcar una línea política en materia económica y fiscal (algo que hubiera sido posible en virtud de nuestro régimen foral), lleva un año esperando a que las soluciones vengan de Madrid en forma de ley básica de obligado cumplimiento de modo que desde Pamplona se pueda aplicar una versión ligeramente dulcificada de las medidas como manera de salvar la imagen de un cierto liderazgo político que se dice mantener y de dar a entender que en Navarra las cosas no están tan mal

Las extremas dificultades que está generando la crisis económica que atravesamos hacen que la atención de los ciudadanos se centre en lo inmediato, en lo urgente, en lo estrictamente necesario e imprescindible. En cierta medida, la crudeza de la situación hace que los discursos públicos se simplifiquen. En tiempos de crisis parece como si no hubiera tiempo para la reflexión o para los matices y, mucho menos, para el debate y la confrontación de proyectos y modelos. Lo importante y urgente parece ser sencillamente administrar, gestionar, tomar medidas excepcionales a las que, queramos o no, nos vemos supuestamente obligados.

Por otro lado, en los últimos tiempos, desde las filas del PP y UPN se ha lanzado insistentemente el mensaje de que solo hay una forma de gestionar lo público, una única manera de afrontar la labor de gobierno, una sola vía para salir de la crisis. La crisis económica, lejos de avivar el debate sobre las debilidades y fallos del sistema, está siendo utilizada por algunos en un intento por impulsar una huida hacia delante.

En la campaña del 20-N pudimos oír a alguno de los candidatos de UPN-PP decir que lo que debía hacer el político con responsabilidades de gobierno era acudir a los lugares donde funcionaba la gestión de un determinado servicio, copiar el modelo y aplicarlo aquí. Sencillo, simple, fácil, rápido y eficaz, sobre todo eficaz, porque en tiempos de crisis parece que la eficacia y eficiencia se convierten en un valor superior y contrapuesto al resto, hasta el punto de que el debate y la pluralidad comienzan a ser vistos por algunos como un sentimentalismo caro, costoso, algo que no nos podemos permitir.

Quienes simplifican la realidad y el debate de esta manera quieren presentarnos sus recetas como algo neutro, aséptico y no contaminado por la parcialidad de la política, cuando en realidad esto es sencillamente imposible. Parece como si tras la efervescencia política vivida durante la transición, el desprestigio de la política provocado por algunos malos políticos y algunas malas prácticas estuviera poniendo de moda otra vez el ser apolítico, algo que fue muy cotizado en la época del franquismo.

Sin embargo, al vaciar de contenido la política y centrar toda la atención sobre la gestión, al contraponer falsamente austeridad, eficacia y eficiencia frente a pluralidad, debate y derroche, el PP cae en su propia trampa porque pone en duda la razón de ser de su propio gobierno. El rescate de un sector de la banca española con fondos europeos está poniendo en serias dificultades al Gobierno de Rajoy. Presidente y ministros están centrando sus declaraciones y comparecencias públicas en tratar de hacernos creer que las decisiones que están tomando no son medidas impuestas por Europa, sino producto de su propia acción de gobierno, de su liderazgo político en materia económica. Bruselas sugiere, pero quien decide es Madrid. Ese es el mensaje que se quiere lanzar, contra viento y marea, desde el Gobierno. Es clarificador comprobar como, a pesar de lo impopular de las medidas y a pesar de lo injusto de las decisiones adoptadas (que continuan castigando a quienes han pagado desde el principio las consecuencias de una crisis que no provocaron), el Gobierno de Rajoy parece más preocupado por evitar que se le vea como un simple administrador de esas recetas imprescindibles y necesarias para salir de la crisis, de esa única forma posible de gestionar lo público. Y es que, si las decisiones se adoptaran en Europa y el Gobierno del Estado fuera un simple gestor, estaríamos ante un gobierno amortizado, un gobierno intervenido que poco se diferenciaría del caso italiano. ¿Para qué la existencia de un Gobierno nacional si las políticas se dictan desde Europa?

La situación en Navarra no es muy diferente. El Gobierno de UPN-PSN primero y el de UPN en solitario después, lejos de marcar una línea política en materia económica y fiscal (algo que hubiera sido posible en virtud de nuestro régimen foral), lleva un año esperando a que las soluciones vengan de Madrid en forma de ley básica de obligado cumplimiento de modo que desde Pamplona se pueda aplicar una versión ligeramente dulcificada de las medidas como manera de salvar la imagen de un cierto liderazgo político que se dice mantener y de dar a entender que en Navarra las cosas no están tan mal.

Es innegable el seguidismo que el Gobierno y el partido de Yolanda Barcina han hecho y hacen de las políticas marcadas desde Bruselas y gestionadas desde Madrid por el PP, pero tal y como ocurre con el Gobierno de Rajoy, tiene que parecer que no es así porque, ¿para qué un Gobierno regional si las políticas se dictan desde Madrid o desde Bruselas?

Y es que en el caso de Navarra resulta especialmente llamativo ver cómo UPN, que se ha presentado ante la ciudadanía durante mucho tiempo como el gran defensor y garante del régimen foral navarro, se alinea con el PP a la hora de sacar adelante políticas y recortes que afectan directa y duramente a competencias propias y exclusivas de Navarra. Incluso aunque pueda haber una formación política (como es el caso de UPN) que esté de acuerdo con las medidas impulsadas desde Madrid, no es de recibo aceptar una legislación que, a medio y largo plazo, va a limar y reducir las competencias de Navarra, el régimen foral navarro, por la vía de los hechos.

Son tiempos difíciles en los que hay aspectos urgentes que defender ante el dramatismo de la situación que atraviesan muchos ciudadanos y ciudadanas. Pero, además, hay que permanecer vigilantes y no permitir que la simplificación de los discursos y de los argumentos, termine haciéndonos perder de vista cuál es el sentido y la función de la política, el debate y la pluralidad en democracia y cuál es el valor y la trascendencia del autogobierno. A la larga unos y otros son la base y la garantía de cualquier solución a esta crisis.

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