Los electos que no creían en sus electores (sobre la ocupación de Rozalejo)

Juana García y Armando Redondo miembros de Zabaltzen, Asociación política integrada en Geroa Bai

 

Cuando hace un año fue okupado el Palacio del Marqués de Rozalejo, el colectivo que se atribuyó la acción se presentó bajo el nombre de “Hogar Invisible”. Su lucha venía, según su primer comunicado, en septiembre de 2017, marcada por el hecho de que había “numerosas personas en situación de calle, […] con una sociedad que mira hacia otro lado ante este problema, mientras hay más de 6.000 casas vacías”.
Un año después, de aquel colectivo Hogar Invisible nada vemos, tapado por la denominación de Gaztetxe Maravillas. Y tampoco vemos aquella preocupación por la vivienda, por la situación de las personas que viven en la calle. La reivindicación ha cambiado: ahora quieren ese espacio, justificándose en la supuesta ausencia de un proyecto para el mismo.
El proyecto lo dejó claro la presidenta Barkos el domingo 12 de agosto: alojar la sede del Instituto de la Memoria Histórica. Un uso público, para un bien público, cuya propiedad le ha tocado gestionar a este Gobierno, que no lo adquirió (pasó a ser de titularidad pública en 2005) y cuyo primer proyecto (un centro de formación de hostelería) fracasó por la falta de interés de quienes podrían haberlo gestionado.
Quienes ahora firman como Gaztetxe Maravillas han centrado sus críticas en Geroa Bai, y lo han hecho desde la manipulación, cuando no desde la mentira. Se han encontrado como aliados incluso a concejales como los de Aranzadi que, irresponsablemente, han llegado a afirmar los okupas se han ganado el derecho a que se les ceda el local por haberlo “recuperado”. Una postura que, por cierto, es contradictoria con la que ellos mismos mantienen sobre las inmatriculaciones por parte de la Iglesia, hechas en el fondo con un argumento similar (“lo que no está registrado no es de nadie, y con mi palabra y la de mi obispo vale para decir que es mío”). Pues no: el argumento no sirve, ni para la Iglesia ni para los okupas.
Desde el Gaztetxe Maravillas han dicho también que no había proyecto para el edificio, como no lo había para el de la calle Compañía okupado y posteriormente desalojado en 2016. Falso: el proyecto de construcción de viviendas de alquiler público para jóvenes está en proceso de licitación. Y si no ha salido adelante antes ha sido por la judicialización del caso, provocada precisamente por aquella okupazion. El colectivo Hogar Invisible, aquel tan preocupado por la falta de viviendas, no ha dicho ni esta boca es mía.
“Recuperar” un edificio vacío (que no “abandonado”) que era de todos (y no “de nadie”) no puede dar derecho preferente de propiedad a quien incumple la ley para okuparlo. Nadie puede decidir, de manera unilateral, si un espacio público tiene o no un proyecto detrás, y okuparlo alegremente, esperando que la sociedad cuyas normas ha quebrado le “regale” por ello el edificio.
Puede llegar a entenderse cierta lógica en esta postura en el pensamiento antisistema, en el que no cree en la voluntad popular expresada democráticamente a través de las urnas; pero es sangrante que la defiendan representantes electos. Armando Cuenca, concejal de Aranzadi, ha demostrado, con sus publicaciones en redes sociales, que para nada cree en la representatividad de nuestro sistema. Por tanto, si a nadie representan los electos, probablemente lo mejor es que coja la puerta, y el disfraz de Spiderman, abandone su acta de concejal, y se encadene en Rozalejo.

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